Concretemos, en primer lugar, algunas cifras. Según datos de wikipedia, el porcentaje de población extranjera en España se sitúa en 2014 en torno a un 10-11% de la población total. Podemos aumentar la cifra en algún punto si incluimos a los inmigrantes “ilegales” o “sin papeles”. Pero más importante que el número absoluto de personas inmigrantes, es el cambio de tendencia del flujo migratorio vivido en los últimos años. Un flujo al alza que se aceleró a partir del cambio de siglo y que se ha detenido y estabilizado a partir de 2010, incluso se advierte un pequeño descenso.
La legislación, la Ley Orgánica 5/1986 de Régimen Electoral General (LOREG) establece quienes pueden ejercer los derechos de sufragio [pueden votar los españoles mayores de edad (Art. 2)] y pasivo [son elegibles los españoles mayores de edad (Art. 6)]; posteriormente, esta misma norma establece que determinados extranjeros que residan en España sí que podrán votar o ser elegidos aunque se limita este derecho de sufragio únicamente al ámbito de las elecciones municipales. El art. 176 LOREG reconoce que los residentes extranjeros en España, cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado, gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.
Asimismo, aquel precepto regula, a continuación, que gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española: a) tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea (…). b) y reúnan los requisitos para ser elector exigidos en esta Ley para los españoles y que hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España.
Como vemos, este cambio de tendencia acelerado en los flujos migratorios ha cogido al legislador y a las instituciones públicas y sociales con el paso cambiado. Sólo unos pocos privilegiados tendrán acceso a la condición política de ciudadano, y aún, con carácter limitado. Obviamente, un régimen democrático no puede dejar sin representación al 10% de su población. Si son buenos para trabajar, para pagar los impuestos, si están sujetos a todas las obligaciones del Estado, como cualquier ciudadano español, la lógica nos dice que deben gozar también de los mismos derechos. Se pueden establecer plazos, restricciones, compromisos, pero no más de los que se les pueda pedir a un nativo. ¿Cuántos de éstos pasarían los exámenes de lengua y cultura que algunos países han introducido como condición para el acceso a la nacionalidad, por ejemplo?
Por otro lado, no es de recibo el trato desigual, como ése que pretende otorgar o acelerar el proceso para obtener la nacionalidad española a ciudadanos que inviertan una cantidad mínima en España. Nos recuerda antiguas prácticas de venta de cargos, de acreditaciones de limpieza de sangre, de bulas pontificias o de títulos nobiliarios. Esta noticia se conoció recientemente ante la llegada de ciudadanos acaudalados de origen ruso, dispuestos a comprar propiedades millonarias o a invertir en negocios en España. Mientras tanto, otros que sólo quieren venir a trabajar deben hacer colas interminables y superar trámites insufribles, cuando no, soportar tratos vejatorios.
En última instancia, aún en el caso de que se desee regular los flujos migratorios, lo que no se puede admitir de ningún modo es el trato degradante a los inmigrantes, por muy “ilegal” o “sin papeles” que sean. Las escenas de personas apaleadas en la frontera de Ceuta y Melilla, la repatriación en condiciones degradantes –esposados o narcotizados-, la negativa a la asistencia sanitaria son tratos inhumanos, propios de otros regímenes y otras épocas.
Las políticas públicas implementadas se revelan insuficientes. El primer paso para una integración efectiva es el reconocimiento del status de ciudadanía plena y ni siquiera este paso ha sido dado. Uno de los intervinientes en el vídeo hablaba de la invisibilidad de los inmigrantes y de la necesidad de incorporarlos a la función pública e institucional para así darles esa visibilidad y favorecer su integración.
Además, ese primer paso debe ser seguido de otros muchos tendentes a conseguir una integración en la vida social. Y eso pasa por la educación, la participación en las organizaciones ciudadanas –asociaciones de vecinos, de padres y madres, deportivas, sindicatos, ONGs…-, la erradicación de ghettos en los barrios, la lucha contra la identificación inmigración-delincuencia, la promoción de actos y encuentros interculturales, la puesta en valor de las otras culturas, la incorporación “normalizada” en las series de televisión, esto es, huyendo de los tópicos que sólo acaban reproduciendo y fijando un orden de cosas.
