Vaya por delante que, si la independencia de Cataluña me importa poco, menos aún me importa la integridad de España. Este debate es absolutamente estéril en los términos en los que se plantea, o sea, conocer a través de un referéndum la voluntad o no de los catalanes de separarse de una entidad en la que hasta ahora están integrados y, atendiendo a los resultados, actuar en consecuencia.
Pero, ¿separarse? ¿Por qué? y, sobre todo, ¿para qué? En cuanto a la primera pregunta, la lista de agravios, históricos, actuales, reales, inventados…, es tan larga, que cualquiera de ellos puede dar razones y motivos suficientes a quien quiera apropiárselos y, como mínimo, serán tan válidos como los de su oponente. Más interesante es, sin duda, la segunda pregunta, ¿cuál es el proyecto político, social, económico, cultural de esa Cataluña independiente? Y aquí es donde debemos centrar el debate.
En efecto, hoy en día, el Estado está en crisis amenazado tanto por arriba como por abajo. Cada vez son más las instancias supranacionales que pergeñan las reglas de juego de la política internacional y, lo que es más preocupante, nacional. Los Estados han perdido buena parte de su soberanía a manos de esas instancias, por otra parte, nada democráticas (bancos centrales, FMI, BM, OCM, Banco de Pagos Internacionales, Acuerdo USA-UE… por no citar los foros informales Davos, Bildelberg y otros de los que, seguro, desconocemos su existencia).
Además, la crisis actual ha puesto de manifiesto la incapacidad de los Estados para satisfacer las demandas de sus ciudadanos, lo que incurre en una pérdida de legitimidad. Frente a esta situación son numerosas y clamorosas las voces desde los sectores conservadores, (quienes controlan la práctica totalidad de los medios de comunicación, donde tachan de viejos, anticuados e inadecuados los instrumentos utilizados hasta ahora para desarrollar la actividad política, sean partidos políticos, sindicatos o, incluso, la misma democracia) reclamando como respuesta un gobierno de “sabios” –imagino que cuando se han pasado con las copas-, o de “técnicos” –si sólo bebieron agua de Vichy-. Y así, hemos visto actuar recientemente a esos “Men in black” que se dejan caer periódicamente por los países y administraciones díscolas.
Entonces, si el 70%-80% de las decisiones políticas se toman en estas instancias supranacionales, los independentistas catalanes aspiran ¿a qué? ¿a decidir sobre el otro 20%-30% del que ya deciden buena parte? Si este es el caso, “para este viaje no hacían falta tantas alforjas”. Ahora bien, si lo que pretenden es recuperar la plena soberanía, o casi, denunciando la usurpación de la misma que España, la UE, el “gobierno mundial” avant la lettre están llevando a cabo, ¡olé!, ¿Dónde hay que firmar? Me hago independentista. Pero, viendo quiénes son los que promueven la consulta, me da que los tiros no van por aquí.
Concluyendo, los “políticos de la casta” siguen a lo suyo, el yate, la corbata de seda y la cuenta en Suiza, mientras los “políticos de la caspa”, azuzados por los primeros, se dedican a desviar la atención de lo realmente importante, enzarzándose en debates insolubles, a menudo innobles y, en última instancia, ajenos a la verdadera preocupación del ciudadano, la vida digna.
En todo caso y a modo de post data, si algo nos puede salvar de la deriva autoritaria que se alcanza a ver en el horizonte, será el empoderamiento (empowerment) de los ciudadanos, dándoles cauces y oportunidades de participar en las decisiones que hayan de tomarse. No limitarse, claro, al ejercicio periódico del derecho al voto, sino crear los mecanismos que permitan la participación efectiva, esto es, se debate, se decide, se aplica y nos atenemos a las consecuencias de lo que hemos decidido y, si es preciso, se rectifica. No otra cosa es el modelo de democracia deliberativa que proponen Habermas y muchos neoconstitucionalistas.
Así que, abramos un proceso constituyente en el que los distintos actores -los partidos políticos, sí, y también la sociedad civil- expongan y deliberen sobre sus proyectos respectivos y, al cabo del cual, se establezcan las premisas y condiciones para que esa independencia y muchas cosas más sean posibles -monarquía o república, continuidad y desarrollo del Estado del bienestar, prevalencia de los derechos fundamentales sobre las leyes del mercado...-.
