La cuestión de la gobernanza nace de una premisa, cuanto menos, polémica, como es la noción de gobernabilidad, percibida como problema y presentada como crisis. La tesis central es el aumento que se ha producido en las últimas décadas de las demandas al Estado por parte de los ciudadanos, a la vez que la capacidad y los recursos de éste han disminuido y, como consecuencia, la insatisfacción de las demandas acaba provocando la desafección del ciudadano.
Las soluciones que se proponen varían según el punto de vista del analista. Así, la opción "conservadora" propone una limitación de la participación ciudadana porque no sólo no serviría para solventar los problemas sino que acabaría agravándolos, y una tecnificación de la política a manos de instancias no necesariamente democráticas. Se pretende la legitimación del sistema político no por la legitimad esencial del proceso democrático, sino por la legitimidad funcional de la "pretendida" eficacia.
La premisa merece una reflexión primera. El supuesto aumento de las demandas ciudadanas no necesariamente han de conducir a un aumento de los recursos necesarios para satisfacerlas. A menudo se trata de cambiar las reglas que regulan los mecanismos del mercado, si nos seguimos moviendo dentro de este paradigma, para priorizar unas políticas sobre otras. Por ejemplo, una regulación medioambiental determinada puede suponer una traba al desarrollo de ciertos sectores económicos pero, al mismo tiempo, puede abrir un nicho nuevo de mercado.
Por su parte, la subestimación de los recursos del Estado o de las instancias supranacionales merece también un análisis detallado, que no vamos a hacer aquí ni por espació ni por capacidad del que suscribe. Lo cierto es que vemos cómo los recursos se destinan a ciertos menesteres que no coinciden con las demandas ciudadanas, por ejemplo, el rescate indiscriminado de los bancos o la política armamentística. Y, desde luego, lo que provoca la desafección ciudadana no es la falta de eficacia, sino la corrupción sin castigo.
Una premisa si no falsa, tendenciosa, cuyo objetivo es legitimar una solución como la que se apunta, una democracia fallida exige la intervención de instancias no democráticas movidas por criterios fundamentalmente técnicos.
Pero, ¿quién determinará qué soluciones para qué demandas? La participación ciudadana, la POLÍTICA, es necesaria para conocer primero cuáles son esas demandas y, después, para optar entre soluciones alternativas.
Tal como dice F. Scharpf: "La política, como conflicto sobre la asignación de valores, es consustancial a cualquier sistema de organización aunque se le denomine sistema de gobernanza".
