La irrupción de la globalización y la integración económica mundial asociada han supuesto un desafío al Estado contemporáneo que se ha traducido, por un lado, en una pérdida de soberanía frente al poder económico y, por otro, en un deterioro del principio de legalidad, en la medida en que las normas que regulan la convivencia en nuestras sociedades ya no son emanadas de las instancias tradicionalmente concebidas para ello, el parlamento u otras similares.
No se trata, sin embargo, de un síntoma de agotamiento ni de crisis crónica. Se trata de un cambio en la condiciones históricas que exige un reajuste en las categorías políticas y jurídicas necesarias para analizarlo. Así, al estado premoderno, definido por el iusnaturalismo, le sucedió el Estado liberal de derecho, basado en la consolidación de los derechos cívicos y políticos, el iuspositivismo y la primacía de la ley. Y a éste, el Estado social de derecho que incluyó nuevos derechos económicos, sociales y culturales. Así, hasta llegar al Estado constitucional, que introduce la última generación de derechos, como el derecho a la paz, el derecho medioambiental, el derecho a una vida de calidad... derechos todos ellos que suponen una integración de principios y valores que van más allá del precedente imperio de la ley. Se trata, en fin, de un nuevo paradigma jurídico conocido como neoconstitucionalismo, que reconoce un pluralismo tanto jurídico como metodológico. El criterio del jurista debe, ahora, conocer las normas, por supuesto, pero contrastado y ampliado con las aportaciones de la sociología jurídica, la filosofía y la moral.
Éste es el reto. Consolidar el imperio de la Constitución, entendida como el conjunto de normas, por supuesto, pero también de principios y valores que encuadran el modelo de sociedad en el que queremos vivir, la garantía de que los derechos fundamentes y las libertades públicas van a ser respetados para todos los ciudadanos. Y todo ello, además, legitimado porque surge del acuerdo consensuado de los ciudadanos que participan en la deliberación a través de procesos participativos legalmente establecidos (Habermas). El Derecho aparece así como un factor de integración y no como mera imposición.
Se trata, como dice Habermas, de "una empresa accidentada, irritante, encaminada a establecer o conservar, renovar o ampliar un ordenamiento jurídico legítimo en circunstancias cambiantes".
