.jpg)
La legitimidad de un régimen político se asienta en la creencia generalizada de que las instituciones existentes son las más adecuadas para solucionar los problemas de la sociedad, fundamentalmente aquellos ligados al desarrollo económico. Éste es una condición básica de la democracia, cuyos efectos se dejan sentir en todos los sectores sociales. Así, en las clases más bajas, ese desarrollo económico permite alentar perspectivas de ascenso social, aunque después en la práctica no acaben por materializarse, que inhiben su apoyo a alternativas extremas. Una clase media extensa juega un papel mitigador en la moderación de los conflictos. Y los grupos sociales altos ven salvaguardados sus intereses.
Una crisis económica da al traste con todo este entramado. La clase media desaparece, empobreciéndose. Las clases bajas, ante la falta de expectativas y no teniendo nada que perder, hacen oídos a las alternativas más radicales, movimientos revolucionarios de una u otra índole, como señalaron Marx y Tocqueville. Y las clases altas tienden a mirar los derechos políticos de las clases más bajas como esencialmente absurdos e inmorales.
Un panorama de estas características vivimos desde hace algunos años en algunas zonas de Europa, entre ellas, España. La crisis económica ha debilitado la legitimidad del sistema político hasta el punto que son numerosas las voces que reclaman un cambio de régimen, monarquía por república, y que cuestionan la legitimidad de las instituciones y de los políticos, acusadas de ineficaces y de corruptos, respectivamente. Y asistimos también, entre curiosos y esperanzados, a la emergencia de nuevos grupos políticos que basan su programa en la regeneración política. Por contra, ciertos sectores del entramado político más tradicional promueven comportamientos arrogantes, despreciativos de los sectores más bajos (exabruptos de políticos, amenazas, corruptelas), y alientan políticas abiertamente autoritarias (endurecimientos del código penal, restricción de acceso a la justicia, represión violenta de la oposición, silenciamiento de medios "molestos") y antisociales (reducción de los presupuestos sociales).
