1. La legitimidad de un sistema político no se basa en una creencia infundada en la misma de la mayoría de la población, sino en una creencia argumentada que exige la elaboración de consensos construidos a través de la participación en el espacio público.
2. No ha lugar a una tecnodemocracia basada en un supuesto cientifismo necesario para acertar con las decisiones a tomar. Y ello se basa, en primer lugar, en la aceptación de que toda teoría es falible y refutable, si no deja de ser científica, tal como dejó establecido Popper. Por ello, no cabe argumentar la especialización de los órganos decisores, más allá de la presumible potencia de sus argumentos, para excluir del debate a otros grupos o individuos que no cuentan con el marchamo de "expertos". Además de que esa participación en la deliberación redundará en la legitimidad del sistema.
3. Esos procesos políticos participativos tienen un carácter de aprendizaje social, capaces de aflorar intereses universalizables que, de otro modo, quedarían supeditados a intereses particulares. Además, permite incorporar visiones que, en otro caso, quedarían ocultas, tales como los derechos de discapacitados, mujeres, minorías étnicas...
4. Se trata, pues, de crear los ámbitos de una participación social y política, amplia, permanente e institucionalizada que desarrolle los valores normativos de la modernidad que no se reducen a la racionalización, también a la autonomía, el autorrealización y el autogobierno, todavía realizados en modo insuficiente.
5. Finalmente, queda reivindicar la presencia de los movimientos sociales que contrarresten la lógica del poder en manos de las élites, provengan éstas del mercado o del establishment político-administrativo.
