Los derechos sociales (jornada de 8 horas, vacaciones pagadas, bajas por enfermedad pagadas, pensiones, subsidio de paro, convenios colectivos…) y los servicios públicos (sanidad, educación, empresas públicas –que qué es eso, me preguntan los más jóvenes-) no han estado siempre ahí. Se ganaron en la calle, a través de la lucha obrera en la mayoría de los casos. Muchos fueron concesiones del capital para asegurarse una paz social necesaria para sus negocios. Estos derechos y servicios configuraron el llamado Estado del Bienestar durante el tercer cuarto del siglo XX.
Desde ese mismo momento, los think tanks de la caverna se pusieron a cavilar de qué forma se podía socavar la solidaridad obrera y se inició una labor de zapa. Había que romper el espinazo de la clase obrera y a ello se dedicaron con esmero. Lo primero, quebrar la unidad y eso pasaba por multiplicar los intereses de los trabajadores, fragmentando las situaciones laborales, de tal manera que resultase cada vez más difícil conciliar y llegar a acuerdos –entre fijos e interinos, entre trabajadores de distintas comunidades, entre asalariados en la empresa privada y funcionarios…-.
Mientras existió un equilibrio de fuerzas, la batalla se mantuvo dentro de unos límites aceptables, aunque casi siempre eran los mismos los que perdían y veían recortados sus derechos. Desde hace unos veinte años asistimos a una agresión acelerada y contundente por parte de determinadas instancias. A menudo se trata de decisiones tomadas en foros sin ninguna legitimidad democrática, pero con una gran influencia sobre los gobiernos, llámense OMC, Davos, Bildelberg, Trilateral, Banco Central Europeo, FMI, Banco Mundial…, con la connivencia de sectores políticos significados en su posición en defensa de los intereses de los poderosos.
Ese desmantelamiento programado al que hemos asistido, ha conducido a una situación de crisis que afectó en un primer momento a un sector de la banca y a cuyo rescate acudimos todos a través de nuestros impuestos –aunque nadie nos consultó, cabe recalcar-. Un balance presupuestario con superávit en aquellos momentos –y esto hay que subrayarlo- se tradujo en un déficit público de gran calado. Si a ello sumamos la incompetencia de unos gestores públicos que se dedicaron a jugar al Monopoly con nuestro dinero, nos encontramos con la situación actual.
No hemos generado esta crisis. No hemos gestionado mal nuestros recursos. Quien ha actuado así, que lo pague. Por eso, estamos contra los recortes. Lo hemos estado desde hace tiempo y hemos manifestado nuestra indignación en diversos foros, pero ahora, más aún, porque nos toca directamente nuestro salario, en algunos casos hasta reducirnos en un 20% nuestro poder adquisitivo (sí, sí, no es una cifra al tuntún: 13’4% de los sexenios, más 5% del año anterior, más la subida prevista del IRPF, más la del IPC… sumen).
Las medidas de protesta que proponemos tienen daños colaterales y afectan a colectivos que no son responsables de los perjuicios que se nos causa. Pero es el único modo de hacernos oír, de dejar patente que nuestra labor tiene una incidencia directa en la sociedad, más allá de la que generalmente se nos reconoce. Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio del que somos capaces a la comunidad educativa y para ello nos formamos permanentemente en horario extraescolar, hacemos horas extraordinarias cuando nos vamos de excursión y dedicamos el tiempo que sea necesario para atender otras tantas demandas: reuniones con familias, preparación de actos colectivos, etc. Lamentamos los hechos que nos han conducido a esta situación.
Desde ese mismo momento, los think tanks de la caverna se pusieron a cavilar de qué forma se podía socavar la solidaridad obrera y se inició una labor de zapa. Había que romper el espinazo de la clase obrera y a ello se dedicaron con esmero. Lo primero, quebrar la unidad y eso pasaba por multiplicar los intereses de los trabajadores, fragmentando las situaciones laborales, de tal manera que resultase cada vez más difícil conciliar y llegar a acuerdos –entre fijos e interinos, entre trabajadores de distintas comunidades, entre asalariados en la empresa privada y funcionarios…-.
Mientras existió un equilibrio de fuerzas, la batalla se mantuvo dentro de unos límites aceptables, aunque casi siempre eran los mismos los que perdían y veían recortados sus derechos. Desde hace unos veinte años asistimos a una agresión acelerada y contundente por parte de determinadas instancias. A menudo se trata de decisiones tomadas en foros sin ninguna legitimidad democrática, pero con una gran influencia sobre los gobiernos, llámense OMC, Davos, Bildelberg, Trilateral, Banco Central Europeo, FMI, Banco Mundial…, con la connivencia de sectores políticos significados en su posición en defensa de los intereses de los poderosos.
Ese desmantelamiento programado al que hemos asistido, ha conducido a una situación de crisis que afectó en un primer momento a un sector de la banca y a cuyo rescate acudimos todos a través de nuestros impuestos –aunque nadie nos consultó, cabe recalcar-. Un balance presupuestario con superávit en aquellos momentos –y esto hay que subrayarlo- se tradujo en un déficit público de gran calado. Si a ello sumamos la incompetencia de unos gestores públicos que se dedicaron a jugar al Monopoly con nuestro dinero, nos encontramos con la situación actual.
No hemos generado esta crisis. No hemos gestionado mal nuestros recursos. Quien ha actuado así, que lo pague. Por eso, estamos contra los recortes. Lo hemos estado desde hace tiempo y hemos manifestado nuestra indignación en diversos foros, pero ahora, más aún, porque nos toca directamente nuestro salario, en algunos casos hasta reducirnos en un 20% nuestro poder adquisitivo (sí, sí, no es una cifra al tuntún: 13’4% de los sexenios, más 5% del año anterior, más la subida prevista del IRPF, más la del IPC… sumen).
Las medidas de protesta que proponemos tienen daños colaterales y afectan a colectivos que no son responsables de los perjuicios que se nos causa. Pero es el único modo de hacernos oír, de dejar patente que nuestra labor tiene una incidencia directa en la sociedad, más allá de la que generalmente se nos reconoce. Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio del que somos capaces a la comunidad educativa y para ello nos formamos permanentemente en horario extraescolar, hacemos horas extraordinarias cuando nos vamos de excursión y dedicamos el tiempo que sea necesario para atender otras tantas demandas: reuniones con familias, preparación de actos colectivos, etc. Lamentamos los hechos que nos han conducido a esta situación.
